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25 de agosto de 2020

SCARPIN MARCHO EN LA MARCHA DEL 17A Y YA CONTAGIO A CUATRO MIEMBROS DE SU FAMILIA

El intendente de Avellaneda, Santa Fe, luego de promover y participar en la marcha opositora del 17A.

El intendente macrista de Avellaneda Dionisio Scarpín que confirmó que era portador de covid después de promover y participar en la marcha opositora del 17A ya contagió a cuatro integrantes de su familia. Su hijo de 9 años, la niñera del chico, su cuñada y su cuñado, que viven en Reconquista, dieron positivo en las últimas horas, mientras se espera el resultado del análisis de la propia esposa del funcionario que también participó con él en la protesta del lunes, sin barbijo y sin respetar la distancia social. La situación trascendió en el propio entorno del intendente, que es uno de los más acérrimos fogoneros de la anticuarentena en el norte de la provincia, junto a su jefe político, el senador macrista de la UCR Orfilio Marcón. 

 

Ayer, ante el intento de Scarpín de reabrir la sede del municipio, que está cerrada desde el jueves, el Sindicato de Trabajadores Municipales se le plantó y exigió extender el asueto “hasta tanto se conozcan los hisopados de todos los contactos estrecho del intendente” que hoy están aislados: secretarios y secretarias del gabinete y una decena de empleados que trabajaban en los despachos más cercanos. 

 

El viernes, la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram), le reclamó al gobernador Omar Perotti, a la Legislatura santafesina y el Ministerio Público de la Acusación que adopten las “medidas pertinentes” contra Scarpín, ante una supuesta “violación de sus deberes como funcionario público” al promover “marchas y concentraciones” con fines opuestos a la defensa “de la salud y la vida”. Pero hasta ahora, no hubo ninguna acción política, ni mucho menos una investigación judicial ante la denuncia pública del gremio. 

“El autoritarismo mata”, advirtió Festram. “La situación del intendente de Avellaneda afectado por covid deja claro, que el aislamiento social y la aplicación de los protocolos no pueden quedar en manos de autoridades que por intereses económicos e ideológicos se oponen a las políticas de salud pública, y que lejos de hacerlas cumplir, promueven su violación intencional”, denunció. 

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